Como bien se sabe la transparencia es uno de los
valores específicos de la ética de la función pública contemporánea. La ética pública tiene que ver
directamente con la integridad del servicio público, que a su vez, se hace
posible gracias a la aplicación del valor de la transparencia. La transparencia en el gobierno es una
exigencia fundamental para su buen funcionamiento porque requiere un mejor
comportamiento ético, evitando así que se produzcan y salgan a la luz las
prácticas corruptas que pudieran existir en el mismo.
Un gobierno más abierto, donde haya mayor transparencia en el proceso
de toma de decisiones, donde haya un mayor acceso público a la información
oficial, donde se requiera que los funcionarios declaren sus bienes y donde se
aplique una mayor vigilancia por parte de los medios de comunicación, refleja
un importante crecimiento en cuanto a la aplicación de los valores y pone de
manifiesto un importante desarrollo de la ética pública. La confianza en el gobierno es fundamental
en cualquier sociedad, en especial cuando los ciudadanos esperan que los
servidores públicos sirvan a la pluralidad de intereses con justicia y que
administren los recursos de forma correcta.
De este modo, la ética se
transforma en el soporte ideal para garantizar esta confianza. La creciente falta de confianza de los
gobiernos es muy preocupante dado que el llamado «déficit de confianza» se ha visto propiciado por los grandes
niveles de corrupción a los que se ha llegado, debido a la toma de decisiones
inapropiadas por parte de los funcionarios, lo cual requiere de cambios y
reformas que transformen la manera en que el sector público opera. Es necesario
crear un clima donde haya una mayor conciencia de las cuestiones éticas y donde
se preste más atención al fomento del comportamiento ético para así precaverse
contra la pérdida de integridad.
El
aumento de la transparencia en las operaciones de gobierno pone límites a
las conductas de los funcionarios, haciendo cumplir estos límites por medio de
sanciones y del aumento del escrutinio público, garantizando así que los
derechos de los ciudadanos se respeten de forma absoluta, justa y con igualdad.
Hay que reconocer que la transparencia es «una recién llegada» a la práctica
democrática aunque nadie puede dudar de la importancia que tiene el acceso a la
información pública como condición fundamental para incrementar la calidad
democrática, mejorar el servicio público así como la capacidad de control de la
sociedad sobre la gestión pública.
La
transparencia es un elemento «facilitador» de todo gobierno democrático al
permitir que cualquier ciudadano pueda acceder directamente a aquellos datos
que le interesen particularmente y al propiciar la divulgación de la
información que se encuentra en manos del gobierno. Además, la transparencia es
necesaria para exigir cuentas a los gobernantes, por un lado, obligando a los
servidores públicos a que respondan por lo que hacen y, por otro, influyendo en
los ciudadanos para que sancionen las malas prácticas. La democracia requiere que lo gubernamental sea transparente, con
lo que queremos decir que la información que debe estar a disposición de los
ciudadanos es aquella que posibilita la evaluación del desempeño real del
gobierno y sus representantes, a los que se debe exigir la rendición de cuentas
para evaluar positiva o negativamente sus acciones. De ahí que un gobierno sea más democrático cuanta más
información cierta y precisa esté dispuesto a entregar a la sociedad. Si hay
transparencia, surgen rumbos alternativos, el cuestionamiento, mayor apego a la
ley y, en especial, mayor cuidado en todo aquello que el gobierno dice y hace.
La transparencia es un instrumento de
control del poder. «Se espera que la transparencia cumpla un doble papel,
por un lado, disuadir la mala conducta de los servidores públicos (por el temor
de ser descubierto) y, segundo, proporcionar a los ciudadanos los medios para
detectarla, atacarla y corregirla. Si la información es distorsionada se afecta
directamente a la calidad democrática. Por ello, no se debe temer transparentar
la información y rendir cuentas porque, de ese modo, se genera mayor
credibilidad en la sociedad y se pueden tomar las decisiones más adecuadas
dentro del marco mismo de la democracia.
Así, la transparencia se convierte en un valor fundamental para la ética
pública. Alcanzar la máxima transparencia y el arraigo de la cultura de la
rendición de cuentas en los diversos estamentos y niveles del gobierno es una
cuestión de conciencia y compromiso con los valores éticos y sociales pues, sin
transparencia, sin acceso a la información y sin rendición de cuentas no hay
democracia, no hay un correcto ejercicio del poder, no hay un adecuado
desempeño del servicio público, no hay ética pública.
La difusión de los actos de gobierno no es una concesión de los mismos
sino, más bien, un derecho legítimo de la sociedad de conocer y evaluar el
desempeño de sus servidores públicos, quienes manejan recursos públicos, por lo
tanto, estamos hablando de una obligación
ineludible del poder político. La transparencia debe ser respetada y
reconocida por todos, debe transformarse en parte sustancial de todo gobierno.
No pueden permitirse situaciones excepcionales porque se manejan recursos de la
sociedad, de los trabajadores, por lo que necesariamente debe haber acceso a la
información.
Es un derecho que está por encima de los intereses particulares:
se deben hacer públicos los asuntos públicos, que la información esté abierta a
todos, sea verificable, incluyente y que se emplee con responsabilidad. El
tradicional secreto administrativo basado en una actitud paternalista de los
entes públicos, que consideraban menores de edad a los gobernados, cambia
radicalmente con la implementación de una política de transparencia y
contribuye a combatir la corrupción, profundiza la confianza ciudadana en sus
autoridades políticas y promueve la eficiencia en los servicios públicos.
Por
ello decimos que la ética pública es un
mecanismo de control de las arbitrariedades y antivalores aplicados en el uso
del poder público. La ética pública se convierte en un factor esencial para
la generación y el mantenimiento de la confianza en la administración y sus
instituciones. Se requiere potenciar las políticas de gestión del capital
humano, poniendo especial énfasis en la responsabilidad y sensibilidad de los
servidores públicos, en la búsqueda de excelencia en la gestión a fin de que el
ciudadano sea el destinatario de un servicio de calidad, fortaleciendo el
desarrollo continuo de la transparencia.
El objetivo de la prestación de
servicios públicos es el logro de una sociedad del bienestar. Se hace
indispensable la obtención de una administración pública participativa, con
valores, orientada a conjugar las diversas fuerzas o grupos de interés en aras
de resolver las necesidades de la ciudadanía, buscando el bienestar social a
través del progreso de la ética pública.
Conclusiones
La transparencia es el
resultado de una forma de gobernar, de administrar y de gestionar al Estado, de
lo cual se deduce que este concepto es un valor de la democracia. La
transparencia tiene que ver con el desempeño de la comunidad política, de sus
representantes así como también de sus autoridades quienes tienen que aclarar
sus acciones para fortalecer al gobierno. Lamentablemente, la politización del
servicio público a lo largo de varios años ha provocado una gran corrupción,
tanto entre servidores públicos como entre políticos, lo cual ha contribuido a
desmoralizar y a desacreditar al sector público, trayendo además el
empobrecimiento del Estado, la privación de muchos servicios necesarios y el
debilitamiento del liderazgo político, socavando la confianza de los ciudadanos
en su gobierno y destruyendo el apoyo y la respetabilidad del sector público.
Las administraciones públicas deben procurar el acrecentamiento de los valores
éticos del servidor público, fomentando conductas o comportamientos en los
funcionarios que se encaminen a realizar su trabajo con la mejor voluntad de
servicio, a usar racional y económicamente los recursos del Estado, a buscar la
mayor eficiencia y calidad en su trabajo, a mejorar su propia competencia
profesional, a practicar la buena fe en su relación con los ciudadanos y a
ayudar a crear un buen clima laboral.
Es necesario fomentar una educación de la
ética pública que promueva los valores del servicio público, la legislación
pertinente, normas, códigos y mecanismos de exigibilidad, programas continuos
que creen sensibilidad hacia las cuestiones éticas y técnicas para aplicar
juicios éticos, porque un servidor público satisfecho, competente y debidamente
formado es más seguro a la hora de resistir la corrupción, la conducta indebida
y los arreglos.
Ya no es suficiente que las personas que trabajan en el
servicio público se limiten al cumplimiento formal de sus obligaciones y deberes,
sino que es necesario que por parte de las administraciones públicas se fomente
positivamente aquellos valores, modelos o pautas de conducta que ayuden a
aquellos que trabajan al servicio de los intereses generales como referentes
éticos para su superación personal y profesional. Hay que expandir la ética
pública a todos los niveles y ámbitos del gobierno, provocando la participación
del sector social o sea de la ciudadanía, para lograr un mejor control de la
conducta de los servidores públicos, combatir los contravalores y reinstalar a
la ética pública en el lugar que le corresponde dentro del ámbito de la
administración pública.
